Se trata de un negocio con tierras públicas iniciado en la dictadura y continuado durante el menemismo.Publicado el 22 de Mayo de 2011 Ver nota completa como se publicó en el Diario
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| Foto del diario: Walter Ormazábal y la Selva Marginal |
La multinacional de Paolo Rocca planea un “Puerto Madero” sobre una reserva natural protegida. Ecologistas y vecinos se oponen. Y, aunque falta el estudio de impacto ambiental, para la empresa no está en duda su realización.
En la ribera de las ciudades de Quilmes y Avellaneda, donde existe una inmensa reserva natural protegida y donde la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas alcanzan a grandes sectores de la población, el Grupo Techint pretende crear una suerte de “Puerto Madero” del Conurbano Bonaerense. El ambicioso megaproyecto inmobiliario, bautizado Nueva Costa del Plata, procura instalar lujosos hoteles, restaurantes, comercios de todo tipo y hasta una sede de la Universidad de Avellaneda. Pero lo que Techint ve como una supuesta “ciudad abierta al público”, a los ojos de ambientalistas, organizaciones vecinales y legisladores constituye un multimillonario negocio privado e ilegal, que sólo beneficiará económicamente a la multinacional de Paolo Rocca. Y que, al igual que el ostentoso Puerto Madero original, aumentará las desigualdades, erradicará a las familias humildes del lugar y tendrá graves consecuencias ambientales. Además, la operación se gestó durante la última dictadura militar y tomó forma gracias a una serie de irregularidades contractuales en los años del menemismo. A pesar de eso, importantes funcionarios públicos –desde los intendentes de Avellaneda y Quilmes, hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires– apoyan el proyecto de Techint, que sólo espera por la aprobación de la legislatura quilmeña para comenzar con las obras.
El megaemprendimiento fue presentado al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, hace tres años. Ocurrió el 13 de marzo de 2008, en el Teatro Municipal Roma, en Avellaneda. Los anfitriones fueron los intendentes de las dos ciudades involucradas: por Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, por Avellaneda, el entonces jefe comunal Baldomero “Cacho” Álvarez (hoy ministro de Desarrollo Social de Scioli). También estuvo presente el director general de servicios de Techint, Héctor Masoero, encargado de “exponer los objetivos y lineamientos del emprendimiento”, según publicó el diario La Nación el 14 de marzo de ese año. La reunión tuvo como fin convencer a los mandatarios locales para que sus concejales dieran el visto bueno a la rezonificación del área. Así, de “reserva natural y parque ecológico”, la zona pasaría a ser urbana y apta para la construcción, algo imprescindible para la autorización del proyecto. De hecho, en junio de 2008, Techint pagó un viaje a una profusa comitiva de funcionarios municipales, provinciales y nacionales a los Estados Unidos para mostrar las “bondades” de proyectos supuestamente similares al Nueva Costa del Plata. Para los ediles opositores a la iniciativa, esto fue lisa y llanamente un “viaje de convencimiento” (ver recuadro).
En Avellaneda, el Concejo Deliberante aprobó la rezonificación velozmente: fue el 4 de diciembre de 2008, mediante la sanción de la Ordenanza 21.332. Esas tierras multiplicaron su valor por 15. Pero la rapidez del trámite produjo desconfianza. Después de la votación, el concejal de la Concertación de Avellaneda Ramón Leiva, que se opuso al proyecto, denunció: “Nosotros estamos a favor del progreso del municipio, pero el proyecto nunca fue visto por los concejales, y eso genera sospechas.” Una fuente del concejo –que pidió reservar su identidad– agregó: “Los mismos concejales comentaban que no tenían información ni precisiones sobre el proyecto, pero la mayoría levantó la mano.” En Quilmes, aunque el “Barba” Gutiérrez reconoció públicamente su entusiasmo, todavía no pudo discutirse en el recinto, por lo que permanece frenado, dada la oposición de vecinos, ambientalistas y algunos legisladores.
El emporio de la familia Rocca planea levantar lo que su vocero, Ernesto Rona, llamó una “ciudad abierta” a solo diez minutos del Obelisco, con un 70% de espacio disponible a todo el público. “Queremos construir una ciudad que tenga la misma estructura de barrio abierto de Puerto Madero”, aseguró Rona al sitio iProfesional.com. Pero la supuesta apertura al público que pregona Techint se contradice con las propias proyecciones de la consultora que lleva adelante el proyecto: Oficina Urbana SA, de los arquitectos Roberto Converti y Fabio De Marco, la misma que construyó Puerto Madero y que hoy planea en la costa de Quilmes y Avellaneda la instalación de canchas de golf, hoteles cinco estrellas, barrios privados y clubes náuticos, entre otros lujosos y exclusivos emprendimientos. Incluso el diario La Nación lo anunció como un “paseo de lujo en la ribera bonaerense”. Tiempo Argentino intentó comunicarse con Rona en reiteradas ocasiones. Su asistente, Graciela Rodríguez, dijo que el representante de Techint se pondría en contacto con este diario. Al cierre de este artículo, la respuesta no había llegado.
Quienes sí dieron la cara, en un recorrido por la zona, fueron los vecinos de la ribera quilmeña. “No queremos que construyan nada acá. Esta selva es un paraíso para nosotros”, dijo Maximiliano, un trabajador del lugar. “Ni siquiera sabemos qué quieren hacer, porque la empresa nunca nos vino a explicar nada. Lo que sí sabemos es que si se concreta esto, nos van a echar a todos. ¿Quién va a querer gente humilde, trabajadora, al lado del lujo que propone Techint?”, se preguntó Diego, quien vive hace diez años a metros de la ribera, rodeado de una selva marginal en donde hay animales de todo tipo y más de diez especies distintas de árboles. Una reserva natural que, de consumarse el plan de la familia Rocca, los vecinos aseguran que será arrasada.
Diferentes ambientalistas de Quilmes y Avellaneda también consideraron que este megaproyecto tendrá nocivas consecuencias ecológicas. “Básicamente, eliminará el último pulmón verde que hay en el Conurbano sur y perderemos todo lo que es flora y fauna. También erradicará familias lugareñas; provocará más inundaciones y mayor contaminación; creará una barrera artificial entre la ciudad y el río; agravará la problemática de napas circundantes; afectará los servicios de luz, gas y agua ya saturados; e impedirá el libre acceso a la ribera”, enumeró y denunció el ingeniero forestal Jorge Trevin, secretario de la Asociación Civil Ambiente Sur. Similares advertencias realizaron el concejal quilmeño Mario Sahagun, de la Coalición Cívica, y Walter Ormazábal, presidente del Centro de Estudios Ambientales, Pedagógicos y Sociales Paulo Freire, de Quilmes.
La empresa niega estos efectos. Lo cierto es que el único estudio ambiental en relación a este megaproyecto recomendó efectuar un análisis más minucioso antes de aprobar cualquier rezonificación y sugirió, en el mismo sentido que los ambientalistas, “la conservación tanto de los juncales como del bosque ribereño, ya que los mismos protegen todo el área de la erosión e inundaciones, siendo este punto de importancia dadas las características del emprendimiento”. El trabajo estuvo a cargo de la Universidad de La Plata, pero sólo formó parte de un informe preliminar. Consultado por Tiempo, el director de impacto ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostentible (OPDS), Federico Jarsún, confirmó que, hasta el momento, Techint no había presentado el estudio necesario para la aprobación del proyecto. “La empresa sólo hizo una descripción ambiental del área. El OPDS, en principio, vio prefactibilidad en el proyecto, con algunos condicionamientos. Pero estamos aguardando por el estudio de impacto ambiental para tomar una posición final”, aseguró el funcionario. Sin embargo, esto no impidió que Techint anunciara repetidas veces el inminente inicio de las obras. Este año lo hizo de la mano de su aliado mediático más conocido: el diario Clarín. El 3 de marzo, en el suplemento zonal de Avellaneda, el periódico de Héctor Magnetto comunicó la puesta en marcha del proyecto, algo que jamás sucedió.
Tanto los especialistas de Ambiente Sur, como los del Centro de Estudios Ambientales, sostienen que, pese a la veloz aprobación en Avellaneda y el respaldo político de Daniel Scioli, el emprendimiento Nueva Costa del Plata es, directamente, ilegal. Argumentan que el principio precautorio establecido en la ley general del ambiente, la de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos y la ley marco ambiental, así como también la ordenanza municipal 9348 del partido de Quilmes, son suficientes como para prohibir el proyecto. Por tomar un caso, en 2002 esta última resolución declaró “parque natural y zona de reserva ecológica a la selva marginal quilmeña”. Y en sus fundamentos, como en una especie de premonición, agregaba: “Los espacios naturales deben ser preservados tal como son, para así lograr armonizar al ser humano y su obra con la naturaleza. Más aun, es nuestro deber mantener viva e intacta la fisonomía de nuestras tierras para que puedan ser disfrutadas con respeto por las generaciones venideras.”
Pero para entender este polémico emprendimiento es preciso remontarse al año 1977, cuando el intendente porteño de la dictadura militar genocida, Osvaldo Cacciatore, tuvo como objetivo crear uno de los tantos rellenos sanitarios del naciente CEAMSE, empresa pública que sigue controlando el manejo de la basura en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En ese momento, también aparecía la empresa Saneamiento y Urbanización SA (SYUSA), propiedad del emporio Rocca, dedicada a brindar “servicios de saneamiento público”.
Un año después, el 11 de octubre de 1978, el CEAMSE y SYUSA firmaron un contrato de concesión por 20 años para que la empresa privada se encargara de operar el relleno sanitario situado en la localidad de Villa Domínico, entre Avellaneda y Quilmes. Ese predio fue clausurado en 2004 por las denuncias que lo vinculaban a la contaminación ambiental de la zona y a las enfermedades que aparecieron en las poblaciones cercanas (Ver recuadro).
El acuerdo firmado con el CEAMSE establecía, además, que en retribución de la disposición de residuos y distintos trabajos de infraestructura, SYUSA recibiría “como total y única retribución las tarifas y el tercio de las tierras recuperadas”, según la cláusula primera del documento. Sin embargo, durante los ‘90, a poco de finalizar la concesión, se modificaron algunos puntos sustanciales: el gobierno de Carlos Menem permitió que SYUSA comenzara a acumular residuos verticalmente, lo que generó las famosas y contaminantes “montañas de basura”. A la vez, se eliminaron todas las costosas obligaciones del contratista, referentes a la provisión de infraestructura vial, recreacional y deportiva sobre centenares de hectáreas.
También se alteró la forma de pago. En principio, por cada hectárea rellenada, la empresa de Techint se quedaría con un tercio de esa tierra. Pero el CEAMSE –es decir, el Estado– cambió nuevamente las reglas para beneficiar al monopolio de Paolo Rocca: ahora, SYUSA recibiría como retribución más hectáreas, debido a que la acumulación de basura en forma de montaña permitía una mayor cantidad de residuos en el mismo espacio. El convenio firmado en los años de la dictadura era claro: la empresa de Techint podría quedarse sólo con las tierras rellenadas. Sin embargo, con el cambio propiciado por el menemismo, SYUSA logró apropiarse de 232 hectáreas costeras, a la vera del río, que nunca fueron afectadas por la disposición de residuos. Es decir, un inmenso terreno cubierto por una hermosa selva marginal, donde no hay residuos y las tierras poseen un altísimo valor económico. Lo que se dice una verdadera mina de oro, donde hoy Techint planea crear su propio “Puerto Madero”.
“Nadie sabe cómo hicieron los Rocca para quedarse con esas tierras, cuando el contrato decía lo contrario. Fueron beneficios para una empresa privada en perjuicio del patrimonio público. Esto es parte de un proyecto que no ha definido aún sus aspectos esenciales y que está plagado de irregularidades”, aseguró Ormazábal, del Centro de Estudios Ambientales, Pedagógicos y Sociales Paulo Freire. Y agregó: “Si se materializa el cambio de la actual zonificación a una categoría urbana, sólo la venta de los terrenos le asegurará a Techint ingresos por hasta 300 mil dólares la hectárea, es decir, un total de más de U$S 100 millones. Lo único que va a hacer la empresa es vender estas tierras que recibió gratuita e ilícitamente para que otros construyan lo que quieran.”
En enero de 2009, la Asociación Civil Ambiente Sur denunció estas irregularidades ante el Poder Judicial de Avellaneda y pidió investigar el traspaso de tierras y la contaminación por residuos peligrosos. Las causas recayeron en el Juzgado de Garantías Nº 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y luego pasaron al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella. A mediados de 2010, Armella declinó competencia y devolvió las dos causas al Juzgado Nº 9, que entonces las envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dictamine sobre la jurisdicción. En ese momento, Techint informó a distintos medios que las causas habían sido “desestimadas”. Por el contrario, en marzo de este año la Corte dictaminó que ambos expedientes debían tratarse en Lomas de Zamora, juzgado que, hasta el momento, no emitió ningún fallo.
Quienes sí se refirieron al proyecto fueron distintos funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires. El 8 de diciembre de 2010, el gobernador Scioli aseguró a los medios estar “convencido del gran impacto positivo que tendrá Costa del Plata a través de la revalorización de un área hasta el momento improductiva”. Los mandatarios de Avellaneda y Quilmes siguieron la misma línea. “Queremos recuperar una costa que desde hace muchas décadas no disfrutamos”, sostuvo Baldomero “Cacho” Álvarez, a pesar de que el 18 de marzo de 2005, en el diario La Razón, el gobierno municipal había asegurado que allí se haría una reserva natural de “130 hectáreas de selva marginal” o “una representación en pequeña de la selva misionera”. Por su parte, el “Barba” Gutiérrez afirmó: “El beneficio es amplio, ya que esas tierras son absolutamente privadas y la población no tiene acceso al río.” El ingeniero forestal Trevin, de Ambiente Sur, que presentó un proyecto de ley junto a varias organizaciones para declarar “reserva natural de objetivos mixtos” a toda la selva marginal de Quilmes y Avellaneda, le contestó al intendente Gutiérrez. “Esa zona está declarada por ordenanza como reserva ecológica protegida y está al norte de la línea de ribera. ¿Cómo se atreve a decir que es privada? Si la población no tiene acceso al río es porque el municipio no invierte en ello, y porque tanto Techint como el CEAMSE cerraron las calles que hacen posible la llegada a la ribera”, sostuvo Trevin.
Así las cosas, el nuevo “Puerto Madero” de Techint está estancado en el concejo deliberante de Quilmes desde hace cinco meses. El 29 de diciembre de 2010, el presidente del concejo, José Migliaccio (FPV), había convocado a una sesión extraordinaria para tratar el tema. Lo llamativo es que la convocatoria se hizo el último día hábil del año, y tan sólo una hora antes del horario previsto para dar comienzo a la sesión. “Intentaron aprobar la rezonificación sin ningún tipo de discusión, sin siquiera pasarla por comisión, entre gallos y medianoches”, aseguró el edil quilmeño Mario Sahagun (CC). En un comunicado, el Centro de Estudios Pedagógicos, Ambientales y Sociales Paulo Freire, aseguró: “Creyeron que actuando a escondidas, las organizaciones no iban a poder reaccionar. Sin embargo, fue para ellos –los concejales a favor del proyecto: aliados al intendente Gutiérrez y el PRO– una gran sorpresa ver el recinto colmado de dirigentes, vecinos y jóvenes demostrando su oposición al megaproyecto de Techint”.
Finalmente, el parlamento quilmeño no logró quórum y el proyecto no pudo votarse. En lo que va de este año, tampoco volvió a discutirse, gracias a la oposición de organizaciones y legisladores. Por el momento –y sólo por el momento– el emporio de los Rocca no tendrá su propio Puerto Madero. <
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