El 29 de diciembre el Presidente del Consejo Deliberante de Quilmes, José Migliachio, convocó a una sesión extraordinaria para tratar un tema central: el Proyecto “Nueva Costa del Plata (Techint)”, entre otros que formaban el orden del día. El 28 de diciembre había sido la última sesión ordinaria del año y el tema no fue incluido, quizás porque no tenía despacho de comisión, o tal vez para que no se convirtiera en una broma del día del inocente, ya que los concejales sólo habían tenido ocho días hábiles para estudiar las 4000 fojas que tiene el proyecto. Recordemos que el mismo es duramente cuestionado por numerosas organizaciones porque implica la rezonificación de las tierras de la costa de Bernal, hoy protegidas por ordenanza municipal como Reserva Natural, a la empresa Techint para la realización de un mega-emprendimiento inmobiliario. Lo llamativo es que la convocatoria del día 29 se hizo sólo una hora antes del horario previsto para el inicio de la sesión. ¿Cuál sería la intención de esta evidente maniobra de fin de año?. La explicación más plausible es que el oficialismo gutierrista haya tenido un objetivo de máxima: sumar algún concejal del anibalismo o de la oposición a los 12 concejales comprometidos con el proyecto (los gutierristas, el PRO más, Posch) para lograr el quórum y aprobar, como un trámite sin debate, el proyecto. En caso contrario se lograría el objetivo de mínima: demostrar “para arriba” que el anibalismo es el responsable de no poder avanzar en el tema.
El error no pudo ser más grande. Creyeron que actuando a escondidas, las organizaciones no iban a poder reaccionar. Sin embargo, fue para ellos una gran sorpresa ver el recinto con la barra colmada de dirigentes, vecinos y una gran cantidad de jóvenes, los que sumados a quienes quedaron afuera dieron un marco de gran participación de sectores representativos de la comunidad que dijeron presente para demostrar su oposición al proyecto. La presencia de los medios en ese contexto, crispó a algunos concejales que reaccionaron contra el público con actitudes patoteriles, como Argüello y Pocsh, o soltando la lengua como la Concejal Gonzalez que acusó los presentes en la barra, a los gritos y en medio del recinto, de colaborar con los concejales que no dieron quórum y pedían “dos millones de pesos para sentarse” (SIC). Así, lo que iba a ser un trámite se convirtió en un escándalo de gran repercusión política. Significativamente fueron las organizaciones las que pusieron mesura a la situación convocando frente a frente y públicamente a los concejales a hacer un debate de cara a la Comunidad, tomándose el tiempo necesario, para que un tema tan trascendente que afecta nuestro patrimonio natural, sea conocido por todos los Quilmeños y no se resuelva entre cuatro paredes del Concejo Deliberante y menos apelando a este tipo de métodos. De todas formas quedó resonando la afirmación de la Concejal González, quien debería radicar una denuncia penal si le consta que hubo concejales que exigían beneficios económicos para acceder al proyecto. El argumento de la obtención de beneficios personales para los concejales o funcionarios no había aparecido hasta la vociferación de la concejal. Ahora habrá que estar atentos a este punto por las consecuencias institucionales de los dichos, de los que deberá hacerse cargo, y mucho más si se basa en hechos ciertos. En definitiva, lo que hasta ahora queda claro es que los que impulsan este proyecto no resisten una discusión franca y pública. Quizás, el principal motivo es que no pueden explicar por qué, Techint que es una empresa beneficiaria de la dictadura genocida y que tiene otorgadas esas tierras por un decreto del gobernador de facto Saint Jean, sería ahora nuevamente beneficiada con ganancias multimillonarias. Pero esta vez por un gobierno que basa buena parte de su argumentación contra los intereses que dice enfrentar emparentándolos, y en general tiene razón en ello, con los años negros de nuestra historia. Esa contradicción agota sus argumentos y por ello parecen decididos a avanzar mediante la imposición, lo que, en caso de concretarse, no hará más que agregarle ilegitimidad al emprendimiento. Comisión Directiva del Centro de Estudios Pedagógicos, Sociales y Ambientales Paulo Freire
El error no pudo ser más grande. Creyeron que actuando a escondidas, las organizaciones no iban a poder reaccionar. Sin embargo, fue para ellos una gran sorpresa ver el recinto con la barra colmada de dirigentes, vecinos y una gran cantidad de jóvenes, los que sumados a quienes quedaron afuera dieron un marco de gran participación de sectores representativos de la comunidad que dijeron presente para demostrar su oposición al proyecto. La presencia de los medios en ese contexto, crispó a algunos concejales que reaccionaron contra el público con actitudes patoteriles, como Argüello y Pocsh, o soltando la lengua como la Concejal Gonzalez que acusó los presentes en la barra, a los gritos y en medio del recinto, de colaborar con los concejales que no dieron quórum y pedían “dos millones de pesos para sentarse” (SIC). Así, lo que iba a ser un trámite se convirtió en un escándalo de gran repercusión política. Significativamente fueron las organizaciones las que pusieron mesura a la situación convocando frente a frente y públicamente a los concejales a hacer un debate de cara a la Comunidad, tomándose el tiempo necesario, para que un tema tan trascendente que afecta nuestro patrimonio natural, sea conocido por todos los Quilmeños y no se resuelva entre cuatro paredes del Concejo Deliberante y menos apelando a este tipo de métodos. De todas formas quedó resonando la afirmación de la Concejal González, quien debería radicar una denuncia penal si le consta que hubo concejales que exigían beneficios económicos para acceder al proyecto. El argumento de la obtención de beneficios personales para los concejales o funcionarios no había aparecido hasta la vociferación de la concejal. Ahora habrá que estar atentos a este punto por las consecuencias institucionales de los dichos, de los que deberá hacerse cargo, y mucho más si se basa en hechos ciertos. En definitiva, lo que hasta ahora queda claro es que los que impulsan este proyecto no resisten una discusión franca y pública. Quizás, el principal motivo es que no pueden explicar por qué, Techint que es una empresa beneficiaria de la dictadura genocida y que tiene otorgadas esas tierras por un decreto del gobernador de facto Saint Jean, sería ahora nuevamente beneficiada con ganancias multimillonarias. Pero esta vez por un gobierno que basa buena parte de su argumentación contra los intereses que dice enfrentar emparentándolos, y en general tiene razón en ello, con los años negros de nuestra historia. Esa contradicción agota sus argumentos y por ello parecen decididos a avanzar mediante la imposición, lo que, en caso de concretarse, no hará más que agregarle ilegitimidad al emprendimiento. Comisión Directiva del Centro de Estudios Pedagógicos, Sociales y Ambientales Paulo Freire
No hay comentarios:
Publicar un comentario