Nota de opinión

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, realizó una denuncia judicial para que se investigue la presunta contratación de menores por parte de grupos de policías para asesinar a tres mujeres, con el supuesto objetivo de robarles los autos, pero con el verdadero fin de crear un clima social para desestabilizarlo en su cargo. Ya de por si la denuncia resulta escalofriante, pero algunos especularon con que la misma, en realidad, buscaba desviar la atención del conmocionante hallazgo de la familia Pomar, luego de una búsqueda inusitadamente prolongada por la impericia y desidia policial. Esto último no resultaría menos grave que lo anterior. En simultáneo la Legislatura Provincial buscaba aprobar el Proyecto de Código Contravencional impulsado por el Gobernador Scioli que, entre otros despropósitos, otorga facultades a la policía para accionar sobre los menores y detenerlos sin intervención judicial por transgresiones, al mejor estilo de la época de la dictadura militar. Se trata, además, de la misma policía que se encuentra sospechada por la desaparición de Luciano Arruga, en enero del año pasado cuando tenía 16 años. Esto entre múltiples asesinatos, casos de gatillo fácil y apremios ilegales. Cinco movilizaciones, una por cada intento del Senado Provincial de tratar el Proyecto de Código e infinidad de entrevistas con legisladores, declaraciones, etc. hicieron que se frenara hasta marzo próximo su consideración. El compromiso de toda la comunidad advertida de estos hechos y que dicho código significaría poner a la zorra a cuidar a los polluelos, debe permitirnos lograr que ese proyecto quede definitivamente desestimado. Para los niños y jóvenes el gobernador ya cuenta con la legislación pertinente: la que obliga a garantizar la universalidad del acceso, permanencia y egreso del sistema educativo y, particularmente, la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes. Lo que debe hacer es cumplirla e impulsar que se cumpla en cada municipio y destinar los fondos suficientes y necesarios para que se pueda asegurar que nuestra niñez y juventud dejen de estar en peligro, mientras ciertos sectores retrógrados las tildan de peligrosas. Walter Ormazábal